El Ejército no revelará quiénes son losingenieros militares que se encargarán de la construcción del tren México-Querétaro y que manejarán un presupuesto inicial de 144 mil millones de pesos.
Ante una solicitud de información realizada porLatinus para conocer los nombres de los encargados de los frentes de obra, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) decidió ocultar la información por cinco años.
“Hacer público el nombre del personal militar potencializa poner en riesgo su vida, su salud y su seguridad”, establece la resolución del comité de transparencia de la Sedena al justificar la reserva de la información sobre los funcionarios.
De nueva cuenta, el Ejército oculta los nombres de sus ingenieros involucrados en construcciones públicas. Lo hizo hace años con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y con la nueva terminal aérea de Tulum, en Quintana Roo, obras en las que en conjunto se invirtieron más de 100 mil millones de pesos
En 2023 el extinto Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) ordenó al Ejército proporcionar los nombres de los militares que construyeron el aeropuerto de Tulum, al considerar que su difusión no ponía en riesgo su vida, seguridad o salud, como lo había argumentado la Sedena para no entregar la información.
Estos ingenieros militares, que son los mismos que construyeron el AIFA, se vieron beneficiados por un amparo judicial que les permitió no cumplir con la resolución del INAI.
El pasado 27 de abril la presidenta Claudia Sheinbaum anunció oficialmente la construcción del tren México-Querétaro y confirmó que los ingenieros militares se encargarán de ejecutar la obra a través de 12 frentes de construcción, así como un frente de estudios y otro frente de estudios técnicos de acompañamiento.
El tren México-Querétaro es una obra que se anunció en la administración del priista Enrique Peña Nieto y fue cancelada en 2014 en medio de la revelación del reportaje “La Casa Blanca”, una lujosa residencia en la que vivía su entonces esposa, Angélica Rivera, y que era propiedad de un contratista gubernamental.
La decisión de cancelar este tren tuvo un costo para el erario de, al menos, 23.1 millones de pesos, los cuales fueron pagados a la empresaChina Railway Construction Corporation Limited por concepto de gastos no recuperables, de acuerdo con información de transparencia obtenida por Latinus.
Fuente: Latinus
