Córdoba, Ver.- La operación de la estación XHRAF-FM 98.3 “Radio Bananas”, concesionada como un medio de uso social con fines culturales para el municipio indígena de Rafael Delgado, fue llevada nuevamente al centro de la polémica tras la presentación de una denuncia en la que se solicita a la autoridad reguladora investigar un presunto incumplimiento de las condiciones establecidas en su título de concesión.
De acuerdo con el documento, la estación, cuyo título de concesión fue otorgado a la asociación civil Cultura es lo Nuestro A.C., tendría una programación que presuntamente se aparta de los fines culturales, educativos y comunitarios para los que fue autorizada, al transmitir contenidos noticiosos, publicidad y ataques contra servidores públicos, actividades que, según la denunciante, podrían contravenir la naturaleza jurídica de una concesión de uso social.
Uno de los señalamientos más relevantes contenidos en la denuncia es el relacionado con la ubicación de la planta transmisora. El escrito sostiene que el equipo no operaría desde el sitio técnico autorizado en la carretera Orizaba-Rafael Delgado, sino desde un inmueble ubicado en la avenida 1, entre calles 11 y 13, en el centro de Córdoba, situación que, de confirmarse por la autoridad competente, podría representar una modificación técnica realizada sin autorización.
La denuncia cobra especial relevancia debido a que Radio Bananas obtuvo una concesión destinada a fortalecer la comunicación comunitaria del municipio indígena de Rafael Delgado, considerado una de las principales puertas de acceso a la Sierra de Zongolica, donde este tipo de frecuencias tienen como finalidad promover la identidad cultural, las lenguas originarias, la educación y la participación social de las comunidades.
Sin embargo, desde hace varios años han surgido señalamientos públicos respecto a que la emisora realmente opera desde la ciudad de Córdoba y que sería utilizada por el empresario José Abella García para impulsar intereses particulares mediante la difusión de contenidos informativos y editoriales ajenos al objeto social de la concesión. Estas afirmaciones forman parte del contexto de la controversia, aunque deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
En la denuncia también se solicita que la autoridad admita el expediente, ordene diligencias de inspección y verificación y, en caso de acreditarse incumplimientos al título de concesión, imponga las medidas correctivas y sanciones que correspondan conforme a la legislación en materia de telecomunicaciones.
De confirmarse las irregularidades denunciadas, el caso podría convertirse en uno de los expedientes más relevantes relacionados con el uso de concesiones sociales de radiodifusión en Veracruz, debido a que estas frecuencias fueron creadas para servir a comunidades específicas y no para desarrollar actividades con fines comerciales, políticos o de beneficio personal.
