Un juez federal concedió una suspensión provisional para obligar a autoridades federales y empresas involucradas a atender, contener y remediar los daños ambientalesprovocados por el reciente derrame de hidrocarburos en costas veracruzanas.
El activista ambiental Juan Carlos Atzin Calderón informó que esta medida forma parte del incidente de suspensión 594/2026, derivado de un amparo promovido el pasado 6 de marzo para proteger el derecho a un medio ambiente sano.
En entrevista para XEU, detalló que la resolución judicial ordena a instancias como Semarnat, Profepa, Pemex y la Marina, entre otras, ejecutar todas las acciones necesarias para enfrentar los efectos del derrame.
Entre las medidas exigidas se encuentran:
- Contener la expansión del hidrocarburo
- Prevenir mayores afectaciones
- Remediar los daños ambientales
- Implementar acciones conforme a sus facultades legales
Además, las autoridades deberán informar en un plazo de 48 horassobre las acciones realizadas y, en un máximo de 15 días, presentar un informe detallado.
Uno de los principales señalamientos del amparo es la falta de claridad sobre el destino de los residuos contaminantes.
De acuerdo con el activista, se han recolectado más de 800 toneladas de hidrocarburo, considerado residuo peligroso, sin que exista información sobre su disposición final.
“Sabemos que estos desechos están en distintos puntos de la costa, en espacios municipales o trasladados en camiones, pero no hay evidencia de que una empresa autorizada esté realizando su manejo adecuado”, advirtió.
En México, únicamente empresas avaladas por la Semarnat pueden encargarse de este tipo de residuos.
Aunque reconocen los esfuerzos de limpieza, el activista subrayó que estas acciones son insuficientes ante la magnitud del problema.
El amparo plantea la necesidad de un plan integral de atención ambiental, que incluya:
- Saneamiento y restauración del ecosistema
- Evaluación científica de los daños
- Protección de especies como tortugas marinas y delfines
- Compensación ambiental
En este sentido, destacó la participación de la Universidad Veracruzana, que se ha sumado a un equipo técnico para analizar el impacto del derrame.
El recurso legal no busca compensaciones económicas, sino garantizar la restauración del equilibrio ecológico.
No obstante, el activista reconoció que sectores como pescadores y prestadores de servicios turísticos sí requieren apoyos por las afectaciones económicas, lo cual deberá atenderse por otras vías.
Fuente: XEU
