En 50 minutos, diputados aprobaron con 423 votos en pro, 37 en contra y cero abstenciones, el dictamen en lo general y lo particular que permitirá a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) construir hospitales.
Luego de la maratónica sesión de más de 14 horas para aprobar el “plan B” de reforma electoral, los coordinadores parlamentarios acordaron iniciar otra a las 2:40 de la madrugada de este jueves para regresar hasta el próximo 14 de abril al salón de sesiones.
También con reglamento en mano, se saltaron la fundamentación en tribuna del proyecto que reforma el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y pasar de manera directa a los posicionamientos sin que hubiera debate.
El diputado Miguel Alonso Reyes del PRI, expresó “dudas razonables, porque abre la puerta a presiones políticas hacia los estados para que cedan sus obras a la federación si quieren acceder a recursos”.
“Las obras quedarán sujetas a criterios discrecionales y a la conveniencia del Ejecutivo en lugar de responder a una planeaciónobjetiva”, afirmó.
El priista consideró que “al triangular recursosdel sector salud a través de la Secretaría de Infraestructura se generan vacíos en la rendición de cuentas”.
“Se diluye la responsabilidad institucional respecto al uso y destino de estos recursos ante los órganos de fiscalización, incluida la Auditoría Superior de la Federación. Además, se concentra el ejercicio del gasto en obra pública en una sola dependencia”, advirtió.
Tras adelantar el voto en contra del PRI, recordó que la SICT “no está especializada en salud pública, ni cuenta con el conocimiento técnico o clínico necesario para identificar con precisión las necesidades reales en materia de hospitales, centros de salud o equipamiento médico”.
El diputado del Partido del Trabajo (PT) José Luis Sánchez consideró como “miserable regatear o negar el apoyo a una iniciativa tan noble, generosa y amorosa como la que entraña el presente dictamen”.
“La pretensión de esta iniciativa es que cualquier persona, cualquier mexicano, tengan o no seguridad social, puedan acudir al IMSS, al ISSSTE o al IMSS Bienestar para recibir atención médica”, garantizó.
El petista dijo que este programa, “que se denomina universalización del servicio de salud inicia su inscripción el 13 de abril y serán en 24 entidades federativas que se han adherido a la federación”, Gerardo Ponce de León, diputado del Partido Acción Nacional (PAN) alertó sobre la responsabilidad en las obras, “porque aquí se dice que no se invaden competencias, pero en los hechos se comparte la ejecución y cuando se comparte sin reglas claras se diluye”.
“Entonces, la pregunta es muy simple pero muy incómoda: si un hospital tiene fallas estructurales, si no cumple con estándares médicos, si no funciona como debería, ¿quién responde, la Secretaría de Salud o la de Infraestructura? ¿Quién da la cara?”, preguntó.
El diputado del PAN alertó también sobre “la discrecionalidad, porque todo esto depende de una solicitud, y sí, así, entre comillas”.
“Nadie explica bajo qué criterio se solicita,quién decide, qué urgencia lo justifica este dictamen no trae un solo peso adicional, ni uno solo. La Secretaría de Infraestructura tendrá que hacer más con lo mismo”, apuntó.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez propuso a nombre de su bancada, que “no solo se construya infraestructura, sino que esté equipada adecuadamente para operar, porque de nada sirve levantar un edificio si no puede dar un servicio, vemos los elefantes blancos”.
Sandra Patricia Palacios, del Grupo Parlamentario de Morena reviró que en “el sexenio pasado, Andrés Manuel López Obrador recibió 317 elefantes blancos en el sector salud, provenientes de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto”.
“De esas 317 obras negras de infraestructura médica, 214 corresponden al sector salud. Ah, pero eso no dicen nada, ¿verdad?”, cuestionó.
La morenista mencionó que el dictamen enviado al Senado también faculta a la SICT “a participar en el equipamiento y rehabilitación,reforzamiento o lo que se necesite de reconstrucción, sustitución, ampliación y habilitación de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura”.
“Incluyendo los que están destinados a la prestación de servicios de salud, participación que se hará exclusivamente a solicitud de las autoridades federales competentes y en coordinación con los tres órdenes de gobierno”, resaltó.
Fuente: Latinus
