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Los ataques a la libertad de expresión se entienden en la 4T: funcionarios abusan de su poder contra periodistas y ciudadanos en el país

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En fechas recientes la prensa en México ha contabilizado diversos casos de presunta censura por parte de servidores públicos medios hacia comunicadores, lo que ha generado la inconformidad y molestia ciudadana ante lo que denuncian como actos hostigamiento hacia la prensa en México. 

Entre estos se contabilizan casos como la presunta violencia política de género contra la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, o el caso en que Layda Sansores prohibió a un medio de Campeche referirse a ella. 

Respecto a Abelina López, la alcaldesa de Acapulco interpuso la semana pasada una denuncia en contra el periodista Jesús Castañeda, director del medio digital Acapulco Trends, quien habría incurrido en el delito referido y por el cual, deberá ofrecer una disculpa pública por 15 días.

Sobre el caso de Campeche, la gobernadora señaló al periodista Jorge Luis González Valdez, así como al periódico Tribuna, de presunta incitación al odio en su contra, por lo que cualquier artículo publicado por el medio en el que se mencione a Sansores deberá ser aprobado previamente por un tribunal.

Otro caso es el registrado por Dora Alicia Martínez, ex candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien señaló al medio Aristegui Noticias y al periodista Germán Gómez por presunta calumnia y violencia política de género.

Un hecho registrado con similitudes fue el ocurrido en Huajuapan, Oaxaca, luego que se prohibiera al periodista Alejandro López López, director del medio Nuevo Siglo Noticias, mencionar en trabajo alguno a la encargada del Registro Civil en Asunción Nochixtlán, luego que ella presentara una denuncia por el delito de violencia de género y discriminación contra López López. 

Asimismo se registró el caso de la diputada Diana Karina Barreras, quien acusó a una ciudadana de Sonora, identificada como Karla María Estrella Murrieta, por presunta violencia de género, afirmando que la mujer demeritó su trayectoria política, atribuyendo logros a su esposo, Sergio Gutiérrez Luna. 

El caso se viralizó luego que Estrella Murrieta, sujeta a la medida de ofrecer disculpas públicas en redes sociales a la diputada, señale en los mensajes: “te pido una disculpa, DATO PROTEGIDO”.  

Sobre esto, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) lanzó una nueva advertencia sobre lo que consideró el resurgimiento de nuevos mecanismos de censura judicial y legislativa en distintos estados de México. 

“Estos mecanismos se materializan en decisiones judiciales que vulneran la libertad de expresión, iniciativas legislativas regresivas y presiones administrativas contra medios de comunicación independientes”, destacó la SIP en su informe. 

El caso de Fernández Noroña

En ese sentido cabe recordar el caso del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña con un ciudadano, a quien acusó de haberlo agredido física y verbalmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.  

El sujeto fue identificado como Carlos Velázquez de León Obregón, abogado de profesión, quien lo encaró en instalaciones del aeropuerto en septiembre de 2024.  

Tras esto, el morenista exigió una disculpa pública por parte del abogado, quien la brindó en el pleno del Senado de la República.  

Desde tribuna, Velázquez de León Obregón reconoció que sus palabras y acciones fueron inaceptables y aseguró que mantenía respeto por el senador, quien aceptó la disculpa pública.  

De Mauleón y la denuncia contra “huachicol” en Tamaulipas

El pasado 1 de mayo, el periodista Héctor de Mauleón publicó una columna en El Universal en la que señaló a una red de corrupción, extorsiones y tráfico de “huachicol” relacionada con un administrador aduanero, quien es cuñado de la consejera jurídica Tania Contreras López.  

Tras la pasada elección judicial, Contreras López se integrará al Tribunal del Poder Judicial de Tamaulipas como presidenta. 

Luego de la publicación de esta columna, la próxima presidenta del Tribunal denunció a De Mauleón y a El Universal por violencia política de género. El Instituto Electoral de Tamaulipas emitió medidas cautelares a favor de la denunciante. 

Las medidas incluyen la eliminación de la columna y que no se hicieran futuras referencias a la Tania Contreras. Sin embargo, el director general editorial del diario, David Aponte rehusó a bajar la columna, ya que considera que puede abrir la puerta a la censura periodística. 

Adicionalmente, el Instituto Electoral de Tamaulipas resolvió inscribir tanto a El Universalcomo a Héctor de Mauleón en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, así como pedir disculpas. Al diario se le impuso además una multa.

Fuente: Latinus 

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