A un mes de la explosión de una pipa de gas en la alcaldía de Iztapalapa, la empresa Tomza, dueña del vehículo, sigue sin reparar el daño a las familias de 31 víctimas que murieron a causa del siniestro. La misma situación se presenta con más de 50 personas lesionadas, nueve de ellas aún siguen internadas.
La falta de cumplimiento se presenta a pesar de que el pasado 11 septiembre la compañía informó que asumiría el costo de todos los servicios de cada una de las mujeres y hombres afectados durante el siniestro.
Para cubrirlos los daños, afirmó que contaba con una póliza de responsabilidad civil por el uso y manejo de gas LP con la aseguradora Chubb Seguros México S.A., en la cual se estipularon daños a terceros, daño moral y daños ecológicos. Su vigencia, aseguró la empresa, es hasta el 10 de noviembre del 2025,
También, dijo que contaba con dos pólizas más, una de seguridad y otra más de responsabilidad civil. La primera con la empresa Quálitas, incluye conceptos de responsabilidad civil por daños a terceros. Vence el 15 de diciembre de 2025. La segunda, con vigencia al 30 de noviembre de 2025 se realizó con la empresa AXXA.
Por el momento, los familiares de las víctimas han recibido un apoyo por parte del gobierno. La entrega de los recursos se realizó después de un estudio socioeconómico. Sin embargo, las autoridades informaron que los recursos son independientes de lo entregado por el gobierno.
Los avances en las investigaciones son otro de los pendientes. Aunque las autoridades aseguran que la pipa volcó por exceso de velocidad del conductor, y no por otro motivo, como baches en la vialidad, las autoridades capitalinas no han presentado ningún video o documento oficial donde se respalden sus afirmaciones.
Incluso, reservaron la información por tres años. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) argumentó que la información de la carpeta de investigación incluye datos que solo pueden ser consultados por las partes involucradas.
“La fiscalía lo que hizo fue contestar, como hace en todas las solicitudes donde se pide información de carpetas de investigación, diciendo que esta información está reservada. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en estos casos se fija un plazo mínimo de tres años para que la información esté reservada. La Ley de Transparencia también lo establece en su artículo 171; estipula, en este caso, un plazo máximo de tres años para la información que se indique puede estar reservada”, informó la fiscal Bertha Alcalde.
A un mes de la explosión, las autoridades capitalinas tampoco han publicado nuevos lineamientos para la circulación de vehículos de carga y con materiales peligrosos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Hasta el momento, siguen en análisis las 12 propuestas presentadas por las autoridades, entre ellas, las horas de circulación, así como carriles y velocidad que deben de mantener cuando transiten por la capital del país.
Fuente: Latinus
