Por : El Servidor de la Nación✍️🇲🇽⚖️
Veracruz.— En los últimos días, el nombre de Arnold Rojas Tame ha vuelto a circular con fuerza en distintos puntos del estado. No es para menos. Investigaciones en curso de la Fiscalía General de la República lo colocan nuevamente en el centro de una trama que, según diversas fuentes, conecta el trasiego de combustible con empresarios y actores locales.
Conocido como “El Señor de los Tanques”, Rojas Tame es señalado por presuntamente haber operado una red de movimiento de diésel de origen ilícito. Parte de esas operaciones, de acuerdo con información recopilada por plataformas informativas, habrían pasado por empresas asentadas en Córdoba, donde aparece mencionado un empresario identificado como José A.
Uno de los elementos que ha dado nuevo impulso al caso es el testimonio de un testigo protegido, integrado en una solicitud de orden de aprehensión de la Fiscalía. En ese documento —relacionado con investigaciones contra mandos navales— se describen posibles rutas, operadores y vínculos que escalan a niveles más amplios de influencia.
El caso no se queda en lo local. Versiones periodísticas señalan que, durante el sexenio anterior, una red empresarial habría encontrado respaldo o cercanía con figuras de alto perfil político. Nombres como Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo López Beltrán y José Ramón López Beltrán aparecen en reportes como piezas de influencia en la asignación de contratos, de acuerdo con fuentes citadas en investigaciones periodísticas.
En ese contexto, también se menciona una reunión realizada a finales de 2021 en un departamento de Polanco, en la Ciudad de México. Ahí habrían coincidido personajes clave: empresarios, mandos navales y el propio Rojas Tame. El encuentro, según versiones, giró en torno a operaciones vinculadas al llamado “huachicol fiscal”, una práctica que ha encendido alertas tanto en México como en Estados Unidos.
Pero en Veracruz la historia tiene aristas más delicadas. De acuerdo con fuentes locales, los vínculos entre Rojas Tame y empresarios de la región habrían pasado por intermediarios, incluyendo a una persona que posteriormente fue reportada como desaparecida en Tuxpan y hallada sin vida días después en circunstancias que aún generan dudas. Algunas versiones lo señalan como posible operador en la distribución del combustible.
En su momento, medios regionales documentaron ese hecho, en medio de un clima de incertidumbre entre quienes —según se decía— estaban involucrados en el negocio ilícito. También circularon publicaciones que intentaban exponer la dimensión de la red, describiendo el uso de ferrotanques, empresas fachada y rutas de ingreso desde la frontera norte.
Hoy, con investigaciones que habrían avanzado y bajo una presión internacional creciente —particularmente desde instancias en Nueva York—, el caso parece tomar un nuevo aire. En Veracruz, algunos nombres vuelven a mencionarse, entre ellos el de José A. y su entorno cercano.
De manera extraoficial, se habla de la presencia de personal de investigación en la región recabando información adicional. La posibilidad de detenciones no se descarta.
Más allá de los nombres, el tema pone sobre la mesa un problema que sigue latente: el tráfico ilegal de combustible y las redes que lo sostienen. Un fenómeno que, lejos de desaparecer, se reconfigura y vuelve a aparecer, ahora con nuevos elementos y viejos conocidos.
