José Abella, conocido por muchos como “el loco Abella”, continúa generando polémica. Recientemente cerró calles del centro de Córdoba presumiendo que ofrece tarifas bajas en su línea de autobuses Metro. Sin embargo, detrás de esta aparente “bondad”, opera una flotilla de vehículos obsoletos que circulan en Córdoba, Fortín y Amatlán, en abierta violación a la Ley de Transporte Público del Estado, ya que gran parte de sus unidades superan los 15 años de antigüedad, cuando la norma solo permite autobuses con un máximo de 10 años de modelo.
La situación se agrava porque Abella presume estar protegido por la gobernadora Rocío Nahle García, lo que le permite actuar con impunidad. Según reportes, más del 70% de su parque vehicular está compuesto por unidades tipo “boxer”, no autorizadas para circular, poniendo en riesgo la seguridad de los pasajeros. Pese a ello, en su periódico El Buen Tono asegura que sus autobuses ofrecen un servicio “excelente, limpio y con descuentos”, ocultando que incumplen los requisitos básicos de seguridad.
A esto se suma el comportamiento de sus conductores, señalados por amedrentar a choferes de otras líneas, conducir a exceso de velocidad, pasarse altos y desobedecer a oficiales de tránsito. Empresarios transportistas denuncian que Metro incluso invade rutas sin contar con los permisos correspondientes.
No es la primera vez que Abella enfrenta señalamientos. Ha sido acusado de violencia contra mujeres, extorsión, fraude fiscal y amenazas contra jueces y ministerios públicos, a quienes intimida con la amenaza de exhibirlos en El Buen Tono o en su radiodifusora Radio Banana. Esta última, registrada como emisora cultural, tiene prohibido difundir contenido político o comercial, pero constantemente lo hace, violando la Ley General de Telecomunicaciones.
A nivel federal, también se le investiga por el accidente de un helicóptero sin permisos ni documentos para volar, el cual utilizaba en la aeropista de Córdoba como si fuera de su propiedad, pese a los conflictos legales que arrastra sobre esos terrenos.
Hasta ahora, todas estas acusaciones han quedado impunes, lo que refuerza la percepción de que José Abella goza de una red de protección política que le permite operar al margen de la ley.
