El arranque de la nueva era del poder judicial en México está marcado por el desorden y la incertidumbre. De acuerdo con fuentes judiciales, alrededor de 900 posiciones de jueces y magistrados permanecen inactivas porque no se les ha asignado un juzgado.
La situación es tan crítica que el recién creado Órgano Administrativo del Poder Judicial, que sustituyó al Consejo de la Judicatura, tuvo que pedir con carácter de urgente a los nuevos jueces y magistrados que envíen su información personal para poder iniciar el proceso de adscripción.
Mientras se define la reubicación, los juzgados del país operan con una mínima actividad. Algunos secretarios de acuerdos han tenido que asumir temporalmente funciones de jueces y magistrados, lo que retrasa la impartición de justicia y afecta directamente a miles de ciudadanos que esperan una sentencia.
A este escenario se suma el deterioro de las condiciones materiales. Con recortes presupuestales acumulados en los últimos años, juzgados y salas carecen de insumos básicos como papel, tóner y equipo de oficina, lo que agrava la parálisis judicial en un momento en que la transición institucional debería ofrecer certezas.
Fuente: Latinus
