Especialistas y defensores del derecho a la salud advirtieron que el sistema sanitario mexicano padece un déficit financiero estructural, el cual perpetúa la desigualdad y frena el avance hacia una verdadera cobertura universal.
Presentaron dos nuevos estudios e informes de políticas coordinados por la Coalición México SaludHable: “Más gasto, mayor equidad. Análisis del gasto público en el IMSS, ISSSTE e IMSS–Bienestar” e “Identificación de mecanismos de financiamiento para instituciones públicas de los subsistemas IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar”.
La doctora Belén Sáenz de Miera Juárez, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y autora del primer estudio, dijo que uno de los retos más importantes del país sigue siendo garantizar el acceso a servicios de salud de calidad para toda la población.
A pesar de que se han hecho esfuerzos importantes en los últimos 25 años, incluyendo la reforma recientemente anunciada, esto no será posible si no se garantiza una inversión pública suficiente y equitativa.
En 2024 el gasto público en salud apenas alcanzó 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que sigue siendo insuficiente y permanece muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, persisten brechas importantes en la asignación de recursos entre población con y sin seguridad social y entre entidades federativas, agregó.
“Persiste un problema estructural insostenible, México invierte poco y los recursos disponibles se siguen distribuyendo de manera desigual entre instituciones y entidades federativas. Esto genera brechas alarmantes en infraestructura, equipamiento, personal y capacidad de atención, vulnerando el derecho constitucional a la protección de la salud”, declaró Sáenz de Miera Juárez.
Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, enfatizó que la justicia social en el ámbito sanitario exige que las necesidades médicas de las personas, y no su condición laboral o su nivel socioeconómico, determinen su acceso al sistema de salud.
“El Servicio Universal de Salud debe construir una hoja de ruta que garantice su sostenibilidad financiera y operativa. Para ello hay que delimitar el esquema de compensación financiera, con una reforma a las legislaciones específicas del IMSS, del ISSSTE y del ISSFAM acerca de lo que consideran como derechohabiencia y mejorar las métricas con el fin de elaborar indicadores sobre cobertura sanitaria y calidad de los servicios.
Fuente: El Universal
