Al corte del 2023 se registró en México un total de 39.2 millones de personas que se identifican como indígenas, lo que representa cerca del 30% de la población total, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) del Inegi.
De este total, sólo 7.4 millones de personas afirman hablar alguna lengua originaria. Esto reflejaría que apenas 2 de cada 10 personas indígenas tienen dominio de su lengua materna; una proporción relativamente baja.
La pérdida de lenguas indígenas sigue siendo uno de los principales retos para la preservación de la diversidad cultural en México. Pese a ello, el país se mantiene como uno de los más diversos en el mundo con 68 lenguas nativas vivas, habladas en diversos estados del país.
Náhuatl y maya, las más habladas
En México, las lenguas indígenas con mayor número de hablantes son el náhuatl, con alrededor de un 1 millón 725,000 personas que lo utilizan, seguido del maya, con cerca de 859,000 hablantes.
En tercer lugar se encuentra la lengua tseltal, con 556,000 personas que la mantienen viva, mientras que el mixteco reúne cerca de 517,000 y el tsotsil aproximadamente 487,000.
También destacan el zapoteco, con 479,000 hablantes, y el otomí, con 307,000.
Otras de las lenguas originarias que se mantienen fuera de riesgo son el totonaco, el chol y el mazateco; con poco más de 200,000 hablantes en el territorio nacional.
Algunos estados del sureste del país conservan la mayor cantidad de hablantes de lenguas indígenas. De acuerdo con información del Inali (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas), Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo y Guerrero son las cinco entidades en donde reside la mayoría de las personas que hablan lenguas originarias.
Del otro lado de la moneda se encuentran todavía varias lenguas nativas en riesgo de extinguirse. El Inali destaca que ku’ahl y kiliwa de Baja California, awakateko de Campeche, mocho’ de Chiapas, ayapaneco de Tabasco, ixil nebajeño y kaqchikel de Quintana Roo
Algunas variantes de zapoteco como la de Mixtepec y la de San Felipe Tejalápam de Oaxaca también se encuentran en riesgo de desaparecer.
La Secretaría de Cultura estima que 6 de cada 10 lenguas indígenas mexicanas podrían estar en algún grado de riesgo por desaparición; gran parte de esto se explica por los estigmas, la desvalorización de su riqueza cultural y su baja promoción a través de canales y fuentes oficiales.
Es fundamental que el uso de las lenguas indígenas traspase los límites familiares o del hogar de quienes las hablan y que existan oportunidades educativas, laborales, de salud y otros derechos para quienes las mantienen vivas.
Condiciones de las comunidades indígenas
Además de la pérdida de las lenguas originarias, otro de los grandes retos para la preservación de la diversidad cultural es atender las desigualdades en el acceso a derechos entre la población indígena y la población no indígena.
Las brechas educativas son abismales: entre las mujeres indígenas la prevalencia de analfabetismo es casi 8 veces mayor que entras las mujeres que no se consideran indígenas. Para los hombres la cifra es 5 veces mayor.
Alrededor de 1 de cada 4 personas indígenas –hombres y mujeres– en edad escolar no asisten a la escuela.
Pese a ello, las tasas de ocupación son similares a las de la población general. Pero, aunque trabajan en la misma proporción, enfrentan niveles más altos de informalidad y precariedad laboral.
El 40% de quienes se identifican como indígenas en México considera que sus derechos se respetan poco o nada, según la más reciente Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis). Y, al menos, 3 de cada 10 han sufrido algún tipo de discriminación explícita.
Pese a ser parte fundamental de la identidad y cultura en México, las comunidades indígenas son históricamente uno de los grupos poblacionales más excluidos y marginados en materia de derechos humanos, civiles, políticos y sociales.
Para garantizar el acceso efectivo a todos sus derechos es fundamental contar políticas públicas encaminadas a reconocerles, revalorizarles y atender sus necesidades particulares.
Fuente: El Economista
